El concepto de sustentabilidad como eje rector de la política pública mexicana Pubblico Deposited
El elemento fundamental en el diagnóstico del deterioro ambiental es el seguimiento de modelos de desarrollo que se centran exclusivamente en la generación de riqueza y el bienestar individual, dejando de lado las externalidades negativas que las actividades productivas tienen sobre el ambiente. En 1987, el Informe Brundtland estableció la posibilidad de un crecimiento económico sostenido de la humanidad y al mismo tiempo lograr la preservación de los recursos naturales, bajo una política denominada desarrollo basado en la sustentabilidad. Los países en desarrollo enfrentan un doble desafío: por un lado, están obligados a incrementar la calidad de vida de sus habitantes y adicionalmente administrar de la mejor manera sus recursos naturales y limitar el deterioro ambiental. En el caso mexicano, durante los años 2007 y 2018 se consolidó el cambio de visión tradicional del Estado mexicano como actor interventor en la economía. En el año 2013, el llamado Pacto por México da un importante impulso a la liberación de los mercados energéticos nacionales (la Reforma Energética). Durante ese periodo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), principal ordenamiento jurídico vigente en materia de protección al ambiente fue objeto de treinta y cinco decretos modificatorios que abarcaron 111 reformas, modificaciones o adiciones a ochenta y tres de sus artículos. Ante el desafío que presenta el desarrollo sustentable, ¿en las modificaciones a la LGEEPA es posible identificar un fortalecimiento de la normatividad ambiental, en particular la incorporación del concepto de sustentabilidad? Frente a las modificaciones institucionales derivadas del Pacto por México, y de la Reforma Energética en particular, es importante analizar cómo el concepto de sustentabilidad se estructura y organiza por medio del derecho ambiental, en este caso particular por medio de la LGEEPA; adicionalmente ante el dinamismo que el debate político impone al tema de la sustentabilidad en general y a temas particulares, como el cambio climático, la generación de energía y la manipulación genética, también es relevante identificar cómo los elementos conceptuales de la sustentabilidad son incorporados o soslayados en la normatividad. En las sociedades democráticas la formalización de nuevos arreglos estructurales, procedimientos y políticas públicas depende del proceso legislativo de cada sistema político, el cual deriva en principios constitucionales y normas jurídicas renovadas, legitimadas mediante directrices que respondan a los cambios institucionales requeridos por un modelo de desarrollo con un enfoque sustentable. Para la identificación de estas nuevas directrices que a la par de fomentar el crecimiento económico, se enfocan en el cuidado del ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras, se empleó el método de Derecho comparado para discernir y analizar la incorporación del concepto de sustentabilidad en las modificaciones a la LGEEPA en el periodo 2007-2018. El resultado de este análisis permitió identificar con qué robustez la política pública mexicana, a través de su principal componente legal, está sentando las bases del desarrollo sustentable.
The fundamental element in the diagnosis of environmental deterioration is the monitoring of development models that focus exclusively on the generation of wealth and individual well-being, leaving aside the negative externalities that productive activities have on the environment. In 1987, the Brundtland Report established the possibility of sustained economic growth for humanity and at the same time preserving natural resources, under a policy called development based on sustainability. Developing countries face a double challenge: on the one hand, they are obliged to increase the quality of life of their inhabitants and, additionally, to better manage their natural resources and limit environmental deterioration. In the Mexican case, during the years 2007 and 2018 the change in the traditional vision of the Mexican State as an intervening actor in the economy was consolidated. In 2013, the so-called Pacto por México gave an important boost to the liberation of national energy markets (Reforma Energética). During this period, the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection, the main legal order in force in terms of environmental protection, was the subject of thirty-five amending decrees that included 111 reforms, modifications, or additions to eighty-three of its articles. Faced with the challenge presented by sustainable development, in the modifications to the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection is it possible to identify a strengthening of environmental regulations, in particular the incorporation of the concept of sustainability? Faced with the institutional modifications derived from the Pacto por México, and from the Reforma Energética in particular, it is important to analyze how the concept of sustainability is structured and organized through environmental law. Additionally, given the dynamism that the political debate imposes on the issue of sustainability in general and on issues, such as climate change, energy generation and genetic manipulation, it is also relevant to identify how the conceptual elements of sustainability are incorporated or ignored in regulations. In democratic societies, the formalization of new structural arrangements, procedures and public policies depends on the legislative process of each political system, which results in constitutional principles and renewed legal norms, legitimized by guidelines that respond to the institutional changes required by a sustainable development model. For the identification of these new guidelines that, while promoting economic growth, focus on caring for the environment and natural resources for future generations, the comparative law method was used to discern and analyze the incorporation of the concept of sustainability in the modifications to the General Law of Ecological Balance and Environmental Protection in the period 2007-2018. The result of this analysis allows to identify how robustly Mexican public policy, through its main legal component, is laying the foundations for sustainable development.
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